El gobierno de De la Rua intentó llevar adelante muchas de las reformas que en la administración Ménem habían quedado inconclusas. Desde los comienzos de su gobierno la Alianza propuso reformas que alivianaran las cargas que el sistema jubilatorio tenía para el Estado. Se reducía la Prestación Compensatoria para aquellos que ganaran más de 640 pesos (Clarín, 27 de diciembre de 1999). Asimismo, el diputado Eduardo Santín reveló que existía un proyecto para reducir las jubilaciones superiores a 3.100 pesos, según un mecanismo de deducciones, con el objetivo de obtener mayores fondos y mejorar los haberes mínimos (Clarín, 3 de enero de 2000). El entonces ministro de Economía José Luis Machinea planteó que estaba trabajando en la presentación de un proyecto para eliminar los regímenes previsionales especiales y aumentar la edad jubilatoria de las mujeres (Clarín, 6 de enero de 2000). Algunas de estas modificaciones, además, formaban parte de una negociación con el Fondo Monetario internacional.
Con relación a la reforma laboral, luego de una negociación con la CGT para que se mantuvieran las contribuciones obligatorias a las obras sociales, el presidente De la Rua logró generar consensos en torno a un proyecto enviado al Congreso, que fue aprobado en el Senado una vez que le aseguró a los representantes de los trabajadores que no habría recortes en los salarios durante los dos años posteriores a la sanción de la ley. Esta iniciativa intentaba profundizar el proceso flexibilizador que se había iniciado en el gobierno menemista. Rápidamente se acusé a varios senadores de haber recibido sobornos para la aprobación de la iniciativa, situación que produjo fuertes divisiones en la coalición gobernante y llevó a las renuncias del vicepresidente Alvarez y el Ministro de Trabajo Alberto Flamarique. La ley tardó mucho en reglamentarse y el gobierno tuvo enorme dificultades para implementarla, al tiempo que crecían las presiones para obtener su derogación.
Muchas de estas iniciativas no se pudieron aplicar
a causa de la creciente inestabilidad que afectaba al Gobierno que
permanentemente introducía cambios de funcionarios. También, los conflictos en
el interior de la Alianza
dificultaron la implementación de iniciativas en sectores claves de la
burocracia estatal. En tal sentido, en áreas como las políticas sociales había
una enorme fragmentación entre las diferentes secretarías. Existían más de
noventa planes, con un muy bajo nivel de coordinación. Se producían continuas
pujas dentro del gabinete por el control de los recursos.
El gobierno de Fernando de la Rúa sufrió un fuerte
aislamiento casi desde su comienzo. La carencia de apoyos concretos se vio
tanto desde el punto de vista partidario como del de la relación con los
diferentes actores sociales. La
Alianza para el Trabajo, la Justicia y la Educación se fue
desgranando a lo largo de sus dos años de gobierno, se produjo la retirada de
un importante número de legisladores que pasaron a formar parte de otras
agrupaciones. Inclusive los dos partidos que la integraban adoptaron posturas
muy críticas hacia la gestión gubernamental. El gobierno aliancista no logró
establecer buenas relaciones con ningún sector del sindicalismo. En primer
lugar, se plantearon importantes diferencias con el Congreso de los
Trabajadores Argentinos, la organización gremial más afín a la administración
en el ámbito gremial, del cual provenían algunos diputados. A medida que el
gobierno fue anunciando sus diferentes políticas, el CTA fue tomando distancia.
Esta tendencia se profundizó tras el recorte de los salarios estatales, el
proyecto de reforma laboral del entonces ministro de Trabajo Alberto
Flamarique, y posteriormente con la llegada de Domingo Cavallo al Ministerio de
Economía.
El estilo de gobierno del De la Rúa fue señalado también como
causa de su progresiva pérdida de legitimidad. En primer lugar, De la Rua no ejercía el liderazgo
indiscutido sobre la UCR. De
hecho, su candidatura por la
Unión Cívica Radical para las internas de la Alianza en 1998, se
relacionó más con la falta de otros candidatos, que con su capacidad para
convertirse en un dirigente capaz de generar importantes corrientes de
identificación con su figura e ideas.
De hecho, se produjo una ruptura de la coalición
gobernante, que se sumó a un retaceo de apoyo por parte de importantes sectores
del radicalismo. El gobierno sufrió en las elecciones de octubre de 2001 la
paradójica situación de no tener candidatos que apoyaran abiertamente la
gestión oficial. Por el contrario, hubo candidatos de la Alianza, como Terragno,
que impugnaban la mayoría de las decisiones que se estaban adoptando. El
incremento de los votos nulos, la abstención y el voto en blanco, que dieron
lugar a lo que se denominé el fenómeno del ‘<voto bronca”, marcaron con
claridad el descontento de un sector importante de la sociedad frente a las
alternativas que se presentaban.
Cuando Cavallo, con el “corralito”, confiscó los
depósitos bancarios afectó en forma directa a los sectores de clase media que
reaccionaron con cacerolazos y otras Formas de protesta. Todos estos factores
desembocaron en dos fenómenos que se potenciaron mutuamente: una crisis
político institucional y la crisis en las calles. Esta combinación provocó tras
los violentos episodios en la
Plaza de Mayo el 20 y 21 de diciembre de 2001 la renuncia del
presidente.
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